La tensión en las facultades de la UBA viene escalando fuerte tras el veto completo del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que venía con el visto bueno de Diputados y el aval del Senado a fines de agosto. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) pusieron el grito en el cielo al advertir que desde que arrancó esta gestión perdieron un 45% del salario y que ya renunciaron más de 10.000 docentes en todo el país, por lo que exigen frenar lo que llaman la política de motosierra contra la educación pública.
Ante este panorama, los trabajadores docentes y no docentes nucleados en agrupaciones como CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA metieron presión y anunciaron un paro nacional para este viernes. Mientras tanto, los estudiantes se están organizando y convocaron a asambleas en los distintos establecimientos. La ley que quedó en la nada buscaba una recomposición del presupuesto de las universidades, abrir paritarias y actualizar los sueldos del personal de acuerdo a la inflación.
Laura Carboni, la secretaria general de AGD-UBA, confirmó que en las asambleas se votó parar al toque contra la decisión del Ejecutivo y que ya se arman acciones, cortes de calle y asambleas en los lugares de estudio para el jueves 11. Además, apuntó que el gobierno tuvo un duro revés electoral el domingo y que hay que profundizar la lucha en defensa de las universidades. El plan de la comunidad educativa incluye armar una gran marcha nacional justo el día en que el Congreso se junte a tratar el veto, una movilización que también fue ratificada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) bajo la consigna de ganar las calles.
Del otro lado, en la Casa Rosada se mantienen firmes. El Poder Ejecutivo argumentó la medida señalando que el proyecto del Poder Legislativo no cumple con los requisitos legales y que el financiamiento estipulado en el artículo 9° de la Ley N° 27.795 no es una fuente real y resulta insuficiente. Para el Gobierno, la ley va directamente en contra de la meta de sostener el superávit fiscal.
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