La Justicia de la Ciudad le dio un parate al Gobierno porteño y al Instituto de la Vivienda (IVC) por la situación de una vecina del barrio de Barracas. Tras un amparo presentados por la familia, el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, ordenó reubicar o adaptar de forma urgente el hogar de una nena que padece una severa discapacidad motriz y neurológica.
La familia había sido relocalizada desde la Villa 21-24 al complejo de Osvaldo Cruz y Luna en el marco de la causa Riachuelo. Sin embargo, el IVC les adjudicó un departamento en un tercer piso por escalera sin ascensor. Debido al diagnóstico de la niña, sus padres tenían que bajarla a pulso por tres pisos para llevarla a sus tratamientos en el Hospital Garrahan, lo que terminó generando un aislamiento extremo y un riesgo constante para su salud.
Frente a esto, la jueza Petrella le otorgó diez días al GCBA y al IVC para definir cuál de las dos opciones van a ejecutar: otorgar en un plazo máximo de seis meses una nueva vivienda accesible en planta baja y cerca de sus centros de salud, o realizar obras de adaptación en el edificio actual en un plazo de 90 días. Además, el fallo prohibió expresamente la colocación de sillas salvaescaleras por considerarlas inseguras, y determinó que el Estado deberá pagarle a la familia un subsidio transitorio para cubrir los gastos de traslado mientras se resuelva la obra o la mudanza.
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