El caso del intento de robo en Palermo, ocurrido el pasado 10 de septiembre a la mañana sobre la calle Godoy Cruz al 2500, sumó un nuevo capítulo en los tribunales de la Ciudad. La causa, que involucra a un menor de 14 años identificado como M.I.A. y que fue sobreseído por la jueza Laura Beatriz De Marinis al declarar inconstitucional la nueva edad de imputabilidad fijada por la Ley 27.801 para este expediente en particular, quedó ahora en manos de la Cámara porteña. El camarista Ignacio Mahiques será el encargado de revisar el fallo tras la apelación presentada por los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil.
Aquel episodio se desencadenó cerca de las 6:30 cuando un hombre de 47 años pidió auxilio tras sufrir la tentativa de asalto por parte de un grupo de jóvenes. La presencia policial frustró el robo y permitió la detención de los sospechosos. Dado que el hecho se dio ya bajo la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Fiscalía imputó al adolescente por tentativa de robo y planteó evaluar el agravante de comisión en poblado y en banda. Sin embargo, el 21 de septiembre, la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 dispuso el sobreseimiento al considerar las condiciones personales y familiares del joven, su vulnerabilidad y el hecho de que la víctima no resultó herida, encomendando además el seguimiento al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.
La resolución generó la reacción del Ministerio Público Fiscal y del Gobierno de la Ciudad. Los fiscales solicitaron revocar el sobreseimiento y apartar a la magistrada, sosteniendo que la edad de punibilidad es una regla general dispuesta por el Congreso y que no corresponde acudir a la vieja Ley 22.278 ni a criterios propios para dejar de aplicarla. En paralelo, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia de 22 páginas contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por presunto mal desempeño. Mientras la Cámara define la situación procesal del menor y la validez de la sentencia, el organismo porteño evaluará si abre una investigación disciplinaria contra la jueza.
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