El Poder Judicial quedó en estado de máxima alerta ante la inminente aprobación de la reforma laboral. La gran polémica se centra en el artículo 91, que establece el traspaso de la competencia laboral nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medida que desde el sector judicial denuncian como un desmantelamiento del fuero y una amenaza a la inamovilidad de los jueces.
El acuerdo entre Nación y Ciudad fija un plazo de 180 días para seleccionar nuevos magistrados y readecuar la infraestructura. Mientras los expedientes en trámite continuarán en la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia, las causas nuevas irán a la esfera porteña. El proyecto contempla además el cierre inmediato de 30 juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones.
Desde el Gobierno porteño, el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny defendió la iniciativa señalando que salda una deuda histórica de autonomía fijada en la Constitución de 1994 y busca terminar con la persecución a los empleadores. En contraste, el titular de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, exigió al Congreso eliminar el artículo 91 por considerar que vaciar de jurisdicción a los jueces equivale a removerlos al margen de los mecanismos constitucionales.
La tensión escaló también entre los trabajadores. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional convocó a un paro con movilización al Palacio de Tribunales para este martes 24 de febrero a las 11 horas, mientras distintas asociaciones de fiscales y colegios de abogados expresaron su rechazo al traspaso por la incertidumbre jurídica que genera en los procesos en curso.
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