La pelea por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo en la justicia. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, para pedir la nulidad e inconstitucionalidad del traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Desde la central obrera advierten sobre posibles irregularidades constitucionales en el trámite parlamentario y señalan el peligro de un colapso operativo en el sistema.
Ante este escenario, la Casa Rosada activó la preparación de su defensa jurídica para sostener la normativa. La estrategia quedó bajo la órbita del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en trabajo conjunto con la Procuración General del Tesoro, ahora encabezada por Sebastián Amerio, la Secretaría Legal y Técnica y el equipo asesor del Ejecutivo.
Entre los ejes centrales de la controversia figuran la prioridad de los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación a la ultraactividad colectiva, los cambios en el cálculo indemnizatorio y la transferencia de competencias laborales a CABA a través del Decreto 95/2026. Aunque la Asociación de Magistrados expresó reparos sobre el tratamiento de la ley y el gobierno porteño plantea una transición ordenada, en el entorno presidencial confían en que la medida superará el filtro judicial.
En paralelo a la disputa en los tribunales, la CGT ratifica el reclamo en las calles con movilizaciones y la posibilidad de futuros paros. En el marco de sus primeras declaraciones, el ministro Mahiques adelantó además que analiza la designación de veedores en la AFA e indicó su postura favorable a que los socios de los clubes puedan definir opcionalmente su conversión en Sociedades Anónimas Deportivas.
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