El Gobierno porteño adjudicó la licitación para construir y concesionar playas de estacionamiento bajo tierra en distintos espacios verdes de la Ciudad, pero con una novedad clave para Palermo: la Plaza Armenia quedó formalmente excluida de las obras. La marcha atrás con el predio palermitano se confirmó luego de los reclamos y la movilización de vecinos y puesteros, que venían advirtiendo sobre el impacto que una obra de semejante envergadura tendría en la dinámica del barrio.
La medida oficial se dio a conocer a través de una resolución conjunta de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Hacienda y Finanzas publicada en el Boletín Oficial. En su artículo 3, el texto legal ratifica la suspensión parcial del proceso licitatorio sobre la locación denominada Plaza Inmigrantes de Armenia, retirándola de la iniciativa y sosteniendo el curso de la adjudicación para los demás puntos previstos. Las autoridades de la Comuna 14 ya habían adelantado este desenlace de palabra en reuniones previas con la comunidad barrial, aunque la formalización en los papeles llegó finalmente esta semana.
El reclamo en Palermo Viejo había sumado más de dos mil firmas a través de un petitorio digital impulsado por los habitantes de la zona. En sus planteos, explicaban que el área ya convive con una saturación comercial importante, donde la instalación de decks —muchos de ellos sin habilitación— fue recortando los lugares para estacionar sobre la calle, por lo que defendían que el espacio verde no podía considerarse un terreno disponible, sino un equilibrio fundamental para el entorno. A su vez, los integrantes de la Feria de Palermo Viejo festejaron la decisión y la consideraron un logro colectivo alcanzado gracias a la perseverancia comunitaria y a la respuesta de los funcionarios que decidieron dar marcha atrás con el plan original.
Pese a que la Plaza Armenia se salvó de las excavaciones, el proyecto general sigue en pie para otras zonas porteñas. La concesión quedó en manos de la empresa Estacionamientos Subterráneos Consorcio de Cooperación, que tendrá a su cargo la construcción y la explotación comercial de cuatro playas por un plazo de veinte años, a cambio del pago de un canon mensual cercano a los 835 millones de pesos. Las obras, que demandarían alrededor de dos años de trabajo sin que los pliegos aclaren todavía si los parques podrán permanecer abiertos al público mientras duren las tareas, se llevarán adelante en el Parque de la Innovación de Núñez, la Plaza Noruega de Belgrano, el Parque España de Barracas y en un predio de la calle Lavardén, entre Los Patos y Pedro Chutro, en Parque Patricios, donde hoy opera una playa judicial. En conjunto, estos terrenos abarcan unas 9 hectáreas y la Ciudad calcula que sumarán cerca de 1.500 cocheras.
La iniciativa se apoya formalmente en la Ley 3.058, aprobada por la Legislatura en 2009 para implementar un sistema de estacionamientos subterráneos disuasorios que frene la entrada de coches particulares al macrocentro y empuje el transbordo al transporte público. Sin embargo, la movida ya levantó polvareda en el ámbito legislativo, donde la oposición, a través de la legisladora Claudia Neira, presentó un pedido de informes para que se explique por qué estas ubicaciones tendrían ese efecto disuasorio tantos años después de dictada la norma. Entre los cuestionamientos planteados, se remarca que locaciones como las del Parque de la Innovación y Lavardén ni siquiera figuraban en el listado original de 2009, y se solicita información detallada sobre el impacto ambiental, el esquema de tarifas a cobrar y las condiciones contractuales del negocio otorgado a los privados.
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